Desde la asociación de fruticultores de extremadura, lamentamos las declaraciones realizadas a la prensa en estos días, indicando irregularidades del sector que no tienen ningún fundamento y completamente inexactas.
El sector está aplicando la subida el SMI 2020 desde el 1 de enero tal y como marca la ley bajo el convenio de ámbito superior que nos está regulando en la actualidad. Lo cual ha supuesto un aumento en los salarios de un 3% respecto al año 2019, Acumulando una subida total de un 25% en poco más de un año. Lo que ha supuesto un un incremento en costes de un 35% para las empresas.
Hay que recordar que todos los problemas del año 2019, en la que la mano de obra en extremadura se convirtió en la más cara de España, se ha producido el arranque más de 2.000 hectáreas de frutales en la región con la consiguiente pérdida de empleos de aproximadamente un 8%, tan importante en estos momentos para la recuperación económica en Extremadura.
Este año 2020, además hay que sumar que una de las mayores empresas productoras de la región no abrirá sus puertas derivando su producción frutícola a otras regiones, perdiéndose cientos de empleos de calidad en estos momentos tan difíciles para todos. Y otras están retrasando su apertura.
Desde el principio de la pandemia del COVID-19, las empresas han sido responsables, manteniendo la actividad con la mayor protección posible a sus empleados facilitándoles todo tipo de material de protección para lo cual, al encontrarse el mercado totalmente desabastecido, han tenido que buscarlos por todo el mundo, teniendo en algunos casos que realizar compras conjuntas de gran volumen muy complicadas de realizar y a unos precios elevados. Todos estos gastos has sido asumidos por las empresas para mantener su actividad con la mayor protección y seguridad para los trabajadores.
La empresas extremeñas cuentan con los más exigentes protocolos europeos de calidad que se cumplen a nivel de Auditorías, como pueden ser BRC, IFS, GRASP de Global Gap, son herramientas de alta exigencia que velan por el cumplimiento de estándares de garantías sanitarias y SOCIALES que en muchos casos son más altos que los del propio gobierno y que son certificados por empresas auditoras profesionales y “neutrales».
Las empresas frutícolas extremeñas siempre han cumplido y cumplirán con la legislación vigente, sin contar con ningún tipo de ayudas a la producción, siendo motor económico, fijador de población y de empleo en Extremadura. Por lo que apelamos a la negociación y la responsabilidad a los agentes sociales para evitar acciones de desestabilización que puedan hacer desaparecer el sector, llevando la producción a otras regiones.